Obligan a municipios a no discriminar a gays

Congreso aprueba que Ayuntamientos otorguen carta de concubinato a parejas del mismo sexo.

Saltillo, Coahuila.- En apego a la Constitución Mexicana, y por respeto a los derechos humanos y la no discriminación, los ayuntamientos deben entregar la carta de concubinato sin costo a toda pareja que lo solicite y cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 248 al 251 de la Ley para la Familia, es decir, que hagan vida marital sin estar casadas, con los derechos y obligaciones que implica. “El concubinato sigue siendo una opción útil para muchas parejas que, por sus consideraciones personales, han decidido no contraer matrimonio ni alguna otra figura de unión civil reguladas por las leyes del Estado, tales como el Pacto Civil de Solidaridad o la Sociedad de Convivencia”, manifestó la legisladora Claudia Isela Ramírez Pineda. Esta figura civil fue pensada para parejas entre hombre y mujer, no obstante, ahora la unión es reconocida entre personas del mismo sexo. A pesar de los avances progresistas en las leyes de Coahuila que protegen a las minorías sexuales, algunos municipios, por creencias o ideologías, siguen bloqueando de forma administrativa los derechos humanos de la comunidad LGBTTI.

“He recibido la queja por parte de algunas organizaciones civiles dedicadas al tema de los derechos de la diversidad sexual, de que en algunos municipios las cartas de concubinato no se les expiden a parejas formadas por personas del mismo sexo”, refirió. Por ejemplo, dijo que en la pasada Administración municipal de Saltillo, la autoridad negó la carta a una pareja de hombres con el argumento de que sólo era para parejas heterosexuales. Sin el documento, un integrante de la pareja no pudo recibir atención médica adecuada y murió. Añadió que el Artículo 1 de la Constitución Mexicana sostiene que todas las autoridades tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Tal obligación implica que toda autoridad haga todo aquello que esté dentro de sus funciones para garantizar los derechos humanos, además de que la misma Constitución prohíbe discriminar por preferencias sexuales o estado civil.